 Cada vez que un movimiento sublevatorio trastoca violentamente la relación
de poderes en un Estado -proceso que suele ser calificado abusivamente de
«revolucionario», en lugar de reservar este calificativo enfático para aquellos
posibles o imposibles atentados a la existencia del Estado mismo se repiten los actos
cruentos de venganza contra los testaferros del régimen depuesto. Fusilamiento de
generales, linchamiento de policías, masacre de mamelucos y funcionarios de bajo o alto
rango: en Irán tenemos actualmente un ejemplo de esta vindicación sanguinaria. Leemos la
reseña de estos hechos con un movimiento de civilizado horror; las personas de orden no
ocultan su simpatía hacia las autoridades martirizadas por la canalla, mientras los
progresistas más radicales hablan -quizá con secreto escalofrío sadomasoquista- de la
justicia popular. Y entre tanto las víctimas desde las fotografías de la prensa, repiten
insistentemente la opaca demanda de sus ojos vendados, aciaga pregunta que ya nadie puede
contestar.
Me repugnan hasta la médula quienes ante la muerte violenta no encuentran mejor
comentario que el de repetir que son crímenes políticamente inútiles. Prueba ésto su
disposición estatal a cometer todo tipo de crímenes útiles cuando les parezca oportuno.
Pero además se equivocan, porque no hay nada más útil que la muerte, nada tan
políticamente imprescindible; quizá eso sea lo peor de la muerte, lo de que sirve para
todo, como los cuchillos de los excursionistas suizos. Todo en la muerte es aprovechable,
como en el cerdo: todo es lección, todo puede leerse, todo ilustra ejemplarmente la más
profunda realidad de¡ Estado que la funda y la administra. Los hombres de Estado
reprochan la violencia espontánea de terroristas y tribunales del pueblo con los mismos
argumentos que tiene el profesional para desdeñar al aficionado: planeamiento defectuoso,
improvisación técnica, desperdicio y exceso de fervor. Pero este suficiente desdén de
expertos les impide quizá aprovechar convenientemente el mensaje que les envían esas
erupciones mortíferas: y, sin embargo, la lección va a ellos dedicada, no a los de ésta
o aquella ideología, sino a todos los gestores de la coacción que la sociedad estatal
impone.
Por decirlo en una palabra: la revancha popular es el reverso directo y simétrico de la
impunidad de los funcionarios de la violencia establecida. Aunque la racionalización
moderna del Estado exige que la coacción y la represión que se ejerce esté plenamente
legitimada según derecho, es evidente -y hasta tópica- la impunidad con que sayones,
verdugos y mandarines la ejecutan a su cruel arbitrio cotidianamente. Cuando la violación
de la ley es inocultable o la razón de Estado exige una apariencia de «purificación»
administrativa, los criminales «de oficio» tropiezan con una reprimenda, un discreto
traslado o una degradación. Nunca con un castigo semejante al que hubieran padecido de
haber ejercido sus habilidades víctimarías título particular y privado. El Estado
reconoce a los suyos y les agradece los servicios prestados, aunque su propia forma exige
reprimir periódicamente los brotes de amateurismo que se insinúan en sus filas. Las
matanzas rituales que acompañan a las sublevaciones y las ejecuciones que los terroristas
llevan a cabo compensan a su modo el desequilibrio vigente favorable a los arropados por
la seguridad del «bien público». Cuanto más inmune se es por la función, más
vulnerable se llega a ser como persona: un pistoletazo en la noche o una bomba salvan de
inmediato la distancia infinita entre el hombre y su cargo.
Los funcionarios más lúcidos aquéllos que han aprendido a leer las lecciones múltiples
de la muerte, deberían esforzarse al máximo por evitar esa evidencia de impunidad que
reclama provocativamente la revancha sangrienta de los hoy manipulados. Escribo estas
líneas cuando se cumple el aniversario -hace un año-, del brutal asesinato de Agustín
Rueda a manos de funcionarios de la prisión de Carabanchel. No sé cómo avanza el
proceso de esclarecimiento de los hechos, pero lo cierto es que los presuntos verdugos han
sido puestos recientemente en libertad provisional. Miles de presos esperan en cárceles
españolas la libertad provisional, acusados de delitos mucho menos graves que el de
homicidio: ¿habrá forma de convencerles de que es justo que ellos permanezcan en
prisión para que los ciudadanos honrados no se contaminen y pongan en peligro al rozarse
con estafadores, ladrones o proxenetas, mientras que ningún mal hay en que campen por sus
respetos asesinos cuya cobarde sevicia se emboscó en el uniforme, el abuso de autoridad y
la superioridad numérica? No vendría mal que meditasen sobre estos extremos quienes
desbarran diariamente sobre el «terrorismo como mal de nuestro tiempo» o predican contra
la «crueldad animal de las masas desenfrenadas». Así como también es significativo que
todos nuestros futuros funcionarios de izquierda hayan olvidado ya el asesinato de
Agustín Rueda, confirmando lo que hace poco decía André Gorz: que la izquierda ha
dimitido hoy de su función rebelde y crítica, para dedicarse de lleno al adoctrinamiento
formador de buenos ciudadanos, huéspedes sumisos del Estado que espera pronto
administrar.
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