DESDE
BARCELONA POR UNA CNT REVOLUCIONARIA
Dentro de la actual polémica que surca la
CNT catalana sobre la participación en las elecciones sindicales y el porqué del
abstencionismo, el colectivo BICICLETA de Barcelona nos envía dos textos rechazando las
posiciones reformistas implantadas en algunos sectores que incluso se plantean participar
en las elecciones montadas como consecuencia del Pacto interclasista de la Moncloa. Quede
claro que estas páginas siguen abiertas a todas las posiciones libertarias sin perjuicio
de que nosotros tengamos nuestra posición propia.
Dentro de poco van a plantearse las elecciones sindicales. De hecho, en muchas empresas,
ya han empezado a plantearse. A la hora de analizar el tema, habría que plantearse
prioritariamente los motivos de la burguesía para que en las empresas se realicen estas
elecciones sindicales.
De entrada, parece claro que la primera pretensión es la de hacer a nivel sindical, de
fábrica, lo que el 15 de junio se hizo a nivel político. Con las elecciones generales
del 15 de junio se domesticó a la oposición política, lo que trajo como consecuencia el
pacto social de la Moncloa. Con las elecciones sindicales, se pretende domesticar al
movimiento obrero para conseguir la imposición de las consecuencias -nefastas para los
trabajadores- de dicho Pacto. Y con las elecciones municipales, se pretende eliminar
cualquier tipo de movimiento de barrios.
Centrales sindicales contra movimientos
asamblearios
Para que pueda aplicarse el Pacto de la Moncloa, para
que pueda eliminarse cualquier tipo de posibilidad no ya revolucionaria, sino simplemente
autónoma de los trabajadores, la burguesía necesita eliminar los movimientos
asamblearios. La mejor forma de conseguir este objetivo es contraponer a dichos
movimientos asamblearios el protagonismo de las centrales sindicales.
A nivel de ejemplos prácticos es evidente que a la burguesía le asustan los movimientos
tipo 3 de marzo de 1976 de Vitoria, o la reciente huelga del sector del calzado en
Levante. Estos movimientos son difíciles de frenar. En estos casos, resulta muy difícil
la consecución del pacto. Sin embargo, en huelgas protagonizadas por centrales sindicales
la cosa funciona de otra manera. Cuando se trata de una central sindical, la burguesía
tiene a mano con facilidad lo que llama los «interlocutores válidos». La última huelga
de gasolineras de Barcelona y su lamentable final, es todo un ejemplo.
Dada la división sindical existente, cuando las centrales sindicales intentan capitalizar
un movimiento huelguístico, cuando intentan apropiárselo, surge la división entre los
trabajadores, surge la desmoralización y la confusión y se rompe la unidad forjada en la
asamblea, con lo que el movimiento se acaba y la huelga se pierde. Para la burguesía es
más fácil pactar con los funcionarios de las burocracias políticas o sindicales que con
las asambleas obreras. Se trata pues, para los burgueses y para su estado, de eliminar las
asambleas y de conceder el protagonismo a esas burocracias, llamadas «vanguardias» o
«cuadros». Las futuras elecciones sindicales van por ahí. Los interlocutores válidos
para la burguesía son las centrales sindicales, fundamentalmente, las centrales que
dependen de partidos políticos que previamente han pactado con el capital y su gobierno.
Una alternativa
Como libertarios no podemos aceptar las elecciones
sindicales. Y no se trata de exigir unas correcciones en el proyecto de decreto ley que
las convoque. No se trata de «mejorar» ese proyecto. No se trata de poner parches. Se
trata de rechazar globalmente el tema y de dar una alternativa.
En primer lugar, habría que admitir que es precisa una autodefinición para clarificar
posturas. Esta autodefinición consiste en determinar si se es partidario del protagonismo
de las centrales sindicales -sean cuales sean- o si se está a favor de una concepción
asamblearia de la lucha obrera. Nos incluimos en este segundo apartado. Y no porque
neguemos la necesidad de existencia de las centrales sindicales. Nos explicaremos. Por las
razones dichas anteriormente, creemos que la unidad obrera, única forma de afrontar con
posibilidades de éxito la lucha contra el capital, se crea en la asamblea. Es ahí donde
no importa la afiliación a tal o cuál central o la no afiliación de los trabajadores.
La asamblea libre discute, analiza y toma una decisión. Naturalmente, si el asunto afecta
a más de una empresa (un ramo, una localidad, etc.), es precisa una coordinación. Pero
somos conscientes de que en la actualidad, los sistemas autoorganizativos de los
trabajadores tienen un techo. En efecto, estos sistemas, si el conflicto es duradero y se
generaliza, llegan a un tope de efectividad. Y llegan a este tope simplemente porque al no
ser sistemas estables, permanentes, adolecen de deficiencias que podríamos llamar
«técnicas».
Es decir, una lucha autónomamente organizada llega un momento en que necesita una
infraestructura técnica de la que carece por no ser estable, por no ser permanente. Es
ahí donde las centrales sindicales pueden cumplir un papel primordial, poniendo a
disposición de los movimientos autónomos y asamblearios la infraestructura sindical:
locales, cajas de resistencia, aparatos de propaganda, piquetes, etc. Se trat de que las
centrales sindicales se pongan al servicio de estos movimientos asamblearios cuando sea
necesario, los fomenten y suplan sus deficiencias infraestructurales. De lo que no se
trata es de que las centrales sindicales asuman el protagonismo de la lucha y las
burocracias sindicalistas lleven la dirección.
Visto todo lo anterior, y en relación con las elecciones sindicales, lo importante es que
las asambleas de empresa determinen libremente su forma de funcionamiento. Como
libertarios, podemos dar alternativas en esas asambleas. Está claro que hay asuntos más
o menos de trámite, que hasta ahora se iban solvetando mediante el sindicato vertical.
Ahora, esos asuntos (reclamación de un cambio de categoría, tramitación de la petición
de que la empresa corrija una hoja de salarios deficiente, y otros asuntos por el estilo)
deben solucionarse. Una posibilidad es que lo solucionen las secciones de empresa de las
centrales sindicales. Otra, es que lo solucionen unas comisiones libremente elegidas por
la asamblea, comisiones que deberían tener un carácter abierto, es decir, que en ellas
pudieran trabajar, aparte de los elegidos, todo aquel que tuviera interés en el asunto.
Estas comisiones, que en ningún caso tendrían capacidad negociadora, podrían irse
convirtiendo poco a poco en auténticos embriones de un sistema autogestionario, si se
consiguiera imponer que controlaran la política económica y de empleo de la empresa.
Por otra parte, está la función negociadora. En una empresa, la asamblea es la única
con potestad para decidir sobre lo que es preciso llevar a cabo en estos casos. Puede
elegirse un comité negociador, que será un mero portavoz de la asamblea ante la
patronal, y que desaparecerá cuando la negociación haya finalizado. Si la negociación
supera el ámbito de la empresa, los comités negociadores deben coordinarse. Igualmente,
será necesario en estos casos la realización de asambleas generales de todos los
afectados por la negociación. Así, la asamblea de empresa controla a su comité
negociador y la asamblea general de los afectados por la negociación controla a la
coordinadora de comités negociadores. En caso de conflicto, de huelga, el funcionamiento
debe ser el mismo. En este caso, en vez de comités negociadores, se elegirán comités de
huelga. Pero siempre será la asamblea el único órgano decisorio. La asamblea se
convierte así, además, en la forma de conseguir la unidad de los trabajadores al margen
de su afiliación política o sindical.
Un análisis del Pacto de la Moncloa
Dentro del contexto de la lucha de clases, hay una
alternativa de conciliación disimulada, que políticamente se encuadra en una democracia
burguesa como la que se está intentando montar en España. En esta democracia, se
instauran unos canales de diálogo entre trabajo y capital que permitan una convivencia
armónica sin cuestionar en ningún momento la propia esencia del liberalismo: la
propiedad privada de los medios de producción. Para que ésto salga adelante, el capital
necesita unos «interlocutores válidos» (válidos para el capital, naturalmente) que
sean manipulables y profundamente «democráticos». También se necesita un total control
de la clase trabajadora.
Pese a lo que digan algunas centrales sindicales, y pese a la demagogia parafascista de
los sectores conservadores, tanto los movimientos de tipo asambleario como los sistemas de
autoorganización obrera son imposibles e inaceptables dentro de las reglas de juego
indicadas antes. Un movimiento asambleario es incontrolable, y además de ser una amenaza
para la patronal, prescinden de los dirigentes políticos o sindicales y, por supuesto, de
la normativa laboral «legal». Las elecciones sindicales van por ese camino, por el de la
eliminación total de los movimientos asamblearios.
Pactar nuestra explotación
De todas formas, las elecciones sindicales debemos
enmarcarlas en el contexto general del Pacto de la Moncloa. El capital no obtiene los
dividendos que obtenía hasta ahora, sus empresas están anticuadas para competir con las
exteriores, y los capitalistas sienten una tremenda desconfianza ante la etapa que se
avecina, nueva para ellos. Y a esto, que es el producto de muchos años de despreocupada
explotación y acumulación de inmensos beneficios, ahora le llaman crisis. Y además,
pretenden que sean los obreros los que carguen con sus consecuencias. Por su parte, los
burócratas de la clase obrera, los aspirantes a jefecillos, advierten a los trabajadores
que la única forma de salir de la «crisis» es apretándose el cinturón, resignándose
y aguantando la congelación salarial y el despido libre. Porque si no, ya se sabe, la
desestabilización, el caos, el golpe fascista, etc. De esta situación, sólo van a salir
las grandes empresas, es decir, que nos encaminamos hacia el modelo de los paises más
«desarrollados», con concentración de empresas. Y un instrumento básico para lograr
todo lo que se ha señalado es el pacto social, el Pacto de la Moncloa, que de aplicarse,
equivaldría a una renuncia de los trabajadores a cambiar su condición de explotado.
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