La reciente homologación
política española, Democracia Parlamentaria, ha levantado el tapón de la gran corriente
reprimida de las autonomías. El concepto de las nacionalidades, concepto siempre
Polémico, se ha debatido y se debate entre los españoles desde, fundamentalmente, dos
opciones encontradas: la salvaguardia de una pretenciosa "Unidad de la Patria"
por encima de la propia identidad de las regiones, aún reconociendo a éstas; y el
reconocimiento explícito de la personalidad diferenciada de los países que conforman el
Estado español.
Ahora bien, no cabe duda que la corriente mayoritaria de la Opinión Pública es favorable
a la segunda opción, ya que la primera es defendida por aquellos que durante cuarenta
años la han impuesto por la fuerza de las armas. Pero tampoco es menos cierto que las
connotaciones y características de¡ movimiento autonomista que se está llevando a cabo
en las distintas regiones, adolece de toda la transparencia en los medios y fines que el
pueblo español quisiera ver en ellos.
Reconocer una lenguas, étnias, culturas, historias y situaciones (de facto)
geopolítico-económicas, es algo consultancial a cualquier Estado democrático; el
Gobierno Suárez acaba de ratificar la Carta de los Derechos Humanos ante las Naciones
Unidas. Los pueblos de Cataluña, Euskadi, Galicia, Canarias, País Valenciá,
Extremadura, Andalucía, Castilla, Baleares y otros, unos antes y otros después, han
enarbolado las banderas de la descentralización y de la autonomía. Pero las fuerzas
políticas de dichas regiones no han decantado suficientemente a los ciudadanos, una
detallada enumeración de los cómos, por qués y para qués de los intereses
autonómicos. Todos son enunciados generales, pero en verdad, ¿a quiénes beneficia más
un Estatuto de Autonomía, a la burguesía capitalista o a la clase trabajadora?
Haciendo un breve repaso a la historia vemos, efectivamente, como los Reyes Católicos y
su reunificación de la Corona significó un golpe mortal a la soberanía de los estados y
étnias que componían la Península Ibérica. De este primer paso se caminó hacia el
Imperio, en una actitud que solo los hombres ante la historia deberán juzgar. Solamente
en los períodos liberales de¡ siglo XIX y parte del XX -sobre todo durante las dos
repúblicas-, se produjeron movimientos sociales y políticos que reclamaban la
descentralización del Poder y el reconocimiento de su propia existencia como países
diferenciados. Pero coincide en todos estos períodos, que la mayor parte de la conciencia
autonomista o nacionalista era de tinte pequeño-burgués y amante del capitalismo de
libre mercado. Es decir, han sido siempre las burguesías las que han abanderado dichos
procesos nacionalistas, y eso es historia.
Durante la II República (1931-1939) solo Cataluña y Euskadi consiguieron sendos
Estatutos de Autonomía: Cataluña en 1932 y Euskadi en la tardía fecha de 1936.
Efectivamente, se trataba de las dos regiones nacionales donde existían mayores
sentimientos nacionalistas; pero también se trataba de las dos regiones nacionales que
contaban con una más desarrollada burguesía liberal. Mientras tanto, el resto del
mosaico geosocial del suelo ibérico seguía sufriendo, en igual o mayor medida, los
grilletes del Poder central.
Fue la clase catalana, aragonesa y valenciana -fuertemente organizada en potentes
centrales sindicales (CNT y UGT)-, la que mejor entendió el juego burgués. Frente a los
estatutos autonómicos que servían para liberar la economía de los comerciantes
catalanes la clase obrera brindó su alternativa: el control directo de los medios de
producción (autogestión) a través de las colectivizaciones agrarias y de las
cooperativas de industria; el sistema asambleario organizado de abajo hacia arriba como
forma de gestionar la comunidad; reparto equitativo del trabajo y de los beneficios
(comunas libertarias); y, por último, el sistema federalista que agrupase todas las
comunas de un territorio. En definitiva frente a la autonomía burguesa y capitalista la
clase obrera catalana, aragonesa y valenciana impuso su propia autonomía. Es el período
de 1936-1938 de la Guerra Civil española donde la experiencia federativa y
autogestionaria alcanza, en dichas regiones, las cotas más altas.
No es menos significativo el hecho de Euskadi. El País Vasco consiguió en 1936 su
Estatuto de Autonomía, y fueron los diputados del PNV los que con más ahínco negociaron
con el Gobierno Azaña dicho Estatuto, y fue el Gobierno autonómico -compuesto
mayoritariamente por miembros del PNV-, el que entregó el "Cinturón de Hierro"
de Bilbao en 1937, sin apenas resistencia, dejando traidoramente desamparado al pueblo
vasco, poniendo los diputados y ministros de Euskadi los pies en polvorosa hacia Francia.
Hoy, al cabo de cuarenta años, esos santones de la política que ayer corrían hacia la
frontera, vuelven a su tierra chica reclamando su Estatuto que, ni defendieron en su
momento, ni responde a los auténticos derechos del pueblo vasco, en todo caso, de la
oligarquía vasca.
En la actualidad, el hecho descentralizador y autonómico ofrece demasiadas lagunas
oscuras. Por un lado, son muchos los políticos que hoy apoyan tales autonomías y ayer
las combatían desde las filas franquistas; esto no debería tranquilizar a nadie. Y de
otra parte, hay que tener en cuenta que las banderas nacionalistas, antes levantadas por
la burguesía liberal, hoy ha sido asumida por toda la izquierda. Esta situación, de no
aclararse rápidamente, puede levantar demasiados recelos.
Cuando el anarcos¡ndicalista Joan Peiró interrogaba: "¿De qué nos sirve un
Estatuto que libere a Cataluña, manteniendo esclavos a los catalanes?", ponía el
dedo en la llaga. Porque, ¿de qué sirve fomentar el sentimiento nacionalista que
provoque pequeños Estados dentro del Estado? Solamente para tranquilizar y dejar las
manos libres a las clases políticas y poderosas, además de para que nacientes Estados
estrechen lo más posible el cuello de la clase obrera. Tan solo opciones federativas,
comunales, asociativas o las que sean, pero que partan de iniciativas populares, podrán
responder a los intereses peculiares de un país. Es cierto, que en la actualidad el
sentir popular está presente -y lo reclama en la opción autonomista. Pero tampoco es
menos cierto que dicho sentir se capitaliza descaradamente por los partidos de poder.
El pueblo español está por la descentralización; por el reconocimiento y respeto de los
Derechos Humanos; por la autonomía y emancipación de sus regiones. Pero que sea el
pueblo el que desarrolle y determine su autonomía (a través de asambleas municipales o
de referendums regionales). Que los partidos políticos se decanten en las
intencionalidades y ofrezcan programas transparentes. Que las negociaciones de los
delegados con el Gobierno se expliquen suficientemente.
Basta ya de manipular, engañar y delegar en políticos dudosos las grandes opciones
históricas que le corresponden, exclusivamente a cada uno de los españoles. Basta ya de
sacar banderas a la calle tras las cuales los partidos políticos juegan con siete
barajas.
Los catalanes ya tienen su Generalitat. Pero ¿quién perseguía tal Decreto Ley? Los
términos en los que está redactado el restablecimiento provisional del Gobierno
autónomo de la Generalitat, son como para echarse a llorar. Que sea el Gobierno de Madrid
el que nombre al Presidente de los catalanes, y que el mismo Gobierno central pueda
disolver la Generalitat cuando quiera es como atar a un hombre a un árbol y dejarle que
mueva los brazos. Sin embargo, ¿no han estado presentes en las negociaciones los
representantes políticos elegidos democráticamente por el pueblo? Entonces, ¿cómo es
posible éste resultado si las peticiones populares eran más amplias? Será que los
políticos no han estado a la altura que sus votantes exigían. Será que los políticos
han negociado lo que les ha interesado y de la forma que les ha interesado. Es decir, ya
tenemos Generalitat en Catalunya; pero, que quede claro, la Generalitat que la clase
política ha querido, tanto la de Madrid como la catalana.
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