NO HAY SOLUCIONES
POLITICAS A LA CRISIS DE LAS EMPRESAS
La solución depende de los trabajadores. 0 facilitan la reconstrucción capitalista
mediante el pacto social, o rompen la "huelga de inversiones" imponiendo el
control obrero.
Una vez más, el Gobierno se muestra beligerante a favor de los empresarios. El nuevo
"paquete" económico tiende a congelar los salarios, mantiene la política
Suárez de despido libre (más acentuadamente capitalista que el paternalismo de la
dictadura), fácilmente comprado mediante la indemnización, y sobre todo reafirma la
intervención política en las relaciones laborales.
Desde la crisis capitalista del 67, es la séptima vez en menos de una década que se
bloquea la negociación salarial a favor de los empresarios. "En materia de
explotación de los trabajadores, el ESTADO DE EXCEPCION sigue siendo regla en
España", con estas palabras rechazaba la C.N.T. en octubre de 1976 las medidas
económicas del primer Gobierno Suárez. Vinieron las lluvias, pasaron las elecciones, y
nada ha cambiado. Los currantes seguimos explotados, el paro y la inflación muerden las
economías obreras, los empresarios siguen quejándose de que sus márgenes de beneficio
son escasos y chantajean la política económica del país. Si el Gobierno no interviene
en las relaciones laborales forzando a los trabajadores a limitar sus reivindicaciones de
manera que los beneficios empresariales sean altos y el riesgo para el capital
inexistente, entonces los empresarios seguirán con la "huelga de inversiones",
la especulación y la evasión de capitales, y hundirán la economía del país. En tal
caso, Suárez tendría que dejar paso a los uniformes "salva-patrias", y con esa
amenaza juega el propio Gobierno para forzar a los sindicatos a una forma de "pacto
social" encubierto.
Las "soluciones" de la oposición política: El Estado-patrón
Por su parte, los sindicatos, teledirigidos por los partidos de la
oposición, utilizan las dificultades acuciantes y el descontento creciente de la clase
obrera para presionar en los pasillos del poder, hasta lograr un "acuerdo
programático" (propuesta PSOE) o un "gobierno de concentración"
(propuesta PCE). ¿Qué significarían estas "soluciones políticas para los
trabajadores?
Ante todo, el pacto social quedaría institucional izado: los ministros de
izquierda nos predicarían el sacrificio y la renuncia a las huelgas, a subidas
"excesivas" de salario, a reivindicaciones radicales. . . "Es momento de
emergencia, hay que esperar". Sentados en sus poltronas ministeriales, acentuarían
el trasvase de poder a la burocracia estatal, esa nueva clase dirigente que ya da ejemplos
en las huelgas de Correos, de Hunosa, de Renfe o de Iberia, de cómo actúa el
Estado-patrón.
Quizá, ante el paro creciente y los expedientes de crisis que el Estado facilita a los
capitalistas trás muchos años de chupar de la protección oficial, dejando ahora miles
de trabajadores en la calle, muchos sectores obreros se asusten y apoyen las
nacionalizaciones que proponen los políticos de izquierda como solución a la crisis.
¿A quién sirven las nacionalizaciones?
Ya lo estamos viendo en la Babcok Wilcox, Altos Hornos, Echevarría y la
Naval de Bilbao, donde la amenaza de despidos masivos lleva a un sector de trabajadores a
pedir la intervención estatal. Ya lo estamos viendo en el Metro de Madrid, donde se pide
la ayuda del Estado.
Pero, ¿acaso el INI y los dirigentes ministeriales van a cambiar la situación de
explotación en que se encuentran los trabajadores?
El poder de la nueva clase de políticos y altos funcionarios no supone cambios para los
trabajadores respecto al poder empresarial.
A corto plazo puede salvar unos puestos de trabajo, a medio plazo deja al poder las manos
libres para reestructurar y despedir masivamente (HUNOSA fue claro ejemplo). A largo plazo
el poder estatal se refuerza más y más. Ese camino no lleva a una "democracia
avanzada" , sino a las formas tecnoburocráticas del totalitarismo.
Por una alternativa autogestionaria: el control obrero
¿Existen alternativas reales a estas "soluciones políticas"
que sólo conducen a reforzar el sistema de capitalismo estatal, sin cambiar la situación
subordinada de los asalariados?
Pensamos que sí, que los trabajadores tienen en sus manos la capacidad de imponer en la
calle y en las empresas una defensa del puesto de trabajo, no defensiva y degüeña hacia
el Estado, sino creadora, a través de la práctica del control obrero, control de la
contabilidad, de la producción, de los ritmos, de las condiciones de trabajo. Esta
práctica pone a los trabajadores en condiciones reales de autogestionar las empresas en
situación de crisis, orientándolas hacia el sector cooperativo y hacia líneas de
crédito potenciadas por la gestión obrera del patrimonio sindical, cooperativista y de
la seguridad social hoy en manos del Estado, y utilizando para financiar empresas
capitalistas, pero que podría en cambio, bajo control obrero y sindical, sostener este
tipo de experiencias.
Una respuesta de control obrero y de autogestión, acompañada de medidas energéticas
contra el paro (que no afecta sólo a los parados: reduce la capacidad reivindicativa de
toda la clase), realmente solidaria, reduciendo la jornada de trabajo, las horas extras,
destajos, pluriempleos, eventualidades y demás formas de bloquear la creación de puestos
de trabajo. Ocupando las tierras baldías entre los jornaleros, construyendo servicios
sociales potenciados por comunidades locales que exigieran una efectiva descentralización
de recursos para orientar la lucha contra el paro, hacia las necesidades concretas de cada
pueblo y cada barrio... Esa se la una respuesta obrera a la crisis. En el diario
"Pueblo", en la empresa Arcos de Móstoles, donde tras la suspensión de pagos
los obreros son apoyados por los vecinos para construir escuelas, en todas las empresas
privadas o estatales en crisis, las respuestas autogestionarias son, hoy más que nunca,
la alternativa obrera frente a los pactos que reforzarían los beneficios capitalistas y
las tasas de explotación.
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